Proceso judicial e indemnizaciones

El caso de la colza, concepto por el que se conoce en el ámbito jurídico al envenenamiento masivo ocurrido en España el año 1981, representa la mayor cifra de responsabilidad civil pagada por el Estado a las víctimas de un delito (la cuantía asciende a más de 2.500 millones de euros)[1]. El sumario 129/1981 llegó a ocupar 250.000 folios y el juicio involucró a 38 procesados, más de 70 abogados, 50 peritos y 2.500 testigos. Aún así, es cuanto menos extraño, que el caso – también denominado como “el juicio del siglo”- no se nombre en las facultades de derecho de las principales universidades españolas.

El síndrome tóxico se ha juzgado en dos procesos diferentes: el llamado “de los aceiteros” y el llamado “de los cargos de la Administración”. Cada uno de ellos fue objeto de recursos de casación ventilados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Según el abogado del Estado, Emilio Jiménez: “se llega hasta el segundo (proceso “de los cargos de la Administración”) ante la imposibilidad real de obtener en el primero el pago de la muy elevada cuantía de las indemnizaciones ex delicto que debían ser abonadas”[2].

El proceso contra los empresarios del aceite da lugar a la sentencia del 20 de mayo de 1989, recurrida en casación, por lo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo dicta la sentencia del 23 de abril de 1992 (RJ 6783; ponente, Bacigalupo Zapater).

Desde la Fiscalía se pedían más de 100.000 años para los procesados pero la sentencia “deja prácticamente en libertad a los manipuladores”, pues las máximas penas de cárcel son de 20 años (para J. M. Bengoechea) y 12 años (para R. Ferrero). La sentencia indignó enormemente a las víctimas del envenenamiento y despertó en algunos la sospecha, más tarde la convicción, de que la explicación oficial era falsa[3].

Por otra parte, también fue muy criticada la instrucción del sumario y el proceso judicial, debido a graves irregularidades entre las que destaca el sorprendente hecho de que el 27 de julio de 1981, el juez instructor del sumario 129/1981, autorizara la destrucción del aceite por el que se juzgaba a 38 personas. Afortunadamente, tanto el fiscal como abogados de la defensa presentaron sendos escritos para exigir la no destrucción de las principales “pruebas del delito”.

En lo que se refiere a los abogados de las víctimas, cabe mencionar que les fueron pagados por el Estado 100 millones de pesetas a través del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico para sus gastos. Los abogados de la defensa, sin embargo, no recibieron nada, pese a que sus clientes (los aceiteros) se les embargaron todos sus bienes para garantizar el pago derivado de su presunta responsabilidad. Esto fue demandado debidamente y en numerosas ocasiones por sus abogados, a partir de varios escritos en los que denunciaron de este tratamiento desigual.

El artículo 24.1 de la Constitución española (CE) establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. El tratamiento paritario de las partes se concreta en la CE “como un supuesto del derecho a la tutela judicial, desde el postulado de que la solicitud de esta tutela por los que se consideran con derecho a ella se lleve a cabo sin que entre ellos haya desequilibrios de tipo procesal y que, como consecuencia, se cause algún tipo de posición privilegiada, lo que supondría para quienes tuvieran que litigar frente a aquellos en otra clase de situación un tratamiento discriminatorio que puede no estar justificado de manera suficiente. Por tanto, de lo que se trata es que las partes tengan las mismas posibilidades y medios, y de que no se produzca nunca indefensión”[4][5].

En este sentido, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se desprende que, pese a ser un caso excepcional, en el juicio de la colza no se respeta esta tutela efectiva (art. 24.1 de la CE), por cuanto se deriva un tratamiento dispar de las partes.

Por otro lado, varios abogados de la acusación ocuparon diversos cargos públicos en los años sucesivos al proceso judicial. Así por ejemplo, Mariano Muñoz Bouza fue consejero de Televisión Española (RTVE)[6] y secretario vocal del Consejo de Administración de RTVE[7] por el PSOE. José María Mohedano Fuertes llegó a denominarse como “fiel discípulo del felipismo”[8] hasta que saltó el escándalo del “caso Mohedano” también conocido como “el del Jaguar”, por el que fue obligado a dimitir de su cargo como diputado y secretario del grupo socialista (PSOE) en el Congreso de los Diputados; actualmente, Mohedano defiende al viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Lozano y al exdirector de Presupuestos, Buenaventura Aguilera, ambos imputados en el caso de los ERE de Andalucía.

Tomás de la Quadra-Salcedo fue ministro de Administración territorial (1982-1985), más tarde presidente del Consejo de Estado (1985-1991) y ministro de Justicia (1991-1993), siempre por el PSOE[9]. María del Pilar Fernández Rodríguez fue concejala por el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid (1983-1991) y diputada por Madrid (1991-1995)[10]. Manuel Fernández Gómez ha ocupado diversos cargos en la Comunidad de Madrid en las listas del PSOE, hasta que fue despedido con una cantidad cercana a los 300.000 euros y, curiosamente, fue recolocado en la Delegación provincial de Empleo de la Junta de Andalucía[11]. Francisca Sauquillo Pérez del Arco fue senadora por el PSOE hasta 1994, cuando fue elegida diputada en el Parlamento Europeo, un cargo que ocupó hasta el 2004.

Por si fuera poco, cuando empezó la ejecución de la pena y con ella el pago de las indemnizaciones, los abogados de las víctimas reclamaron el pago de sus honorarios y con ello se inició otra batalla judicial. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) así como asociaciones de afectados por el síndrome tóxico dirigieron denuncias a varios abogados por intentar cobrar entre el 2% y el 3% de la cuantía de indemnizaciones recibidas por sus clientes. A su vez, algunos abogados denunciaron a sus clientes por “intentar cobrar un porcentaje de las minutas de los letrados”[12].

Según el doctor Martínez Ruiz, integrante del PNST y designado perito del caso, el proceso judicial puede calificarse de: “Extremadamente escandaloso y moralmente hipócrita y prevaricador, tanto en la fase de Instrucción como en el de la Vista Oral; sin embargo judicialmente inatacable, dado que se parapetaron en los pronunciamientos de los ‘científicos’ que, en último término, pivotaron en el ‘parecer’ conclusivo emitido por el informe realizado en 1987 por Sir Richard Doll, informe que contradecía su informe previo de octubre de 1985 en el que concluía ‘hay, sin embargo, demasiadas lagunas de evidencia como para poder concluir definitivamente que el aceite sea la causa del Síndrome Tóxico’”[13].

La sentencia afirma que: “En la apreciación de la pericial se ha atendido no sólo a lo extremadamente mayoritario de la tesis que se acepta por el Tribunal, sino también a la formación, experiencia y especialización de los peritos, constatadas mediante la publicación de trabajos en revistas auténticamente científicas”. Dos de estos científicos en los que, en palabras del doctor Martínez, “se entronizó la ‘hipótesis oficial’”, son el ya mencionado Sir Richard Doll y Edwin M. Kilbourne, que aportaron sus testimonios de manera sorpresiva para la defensa.

Así pues, el doctor Martínez explica: “Tal y como han sido publicados, los estudios promovidos por el CDC y en lugar principal el informe de Kilbourne, han tenido graves consecuencias asistenciales, investigativas y judiciales y han sido presentados falsamente como avalados por la OMS. Han insultado la inteligencia de los españoles y evitado la investigación de las verdaderas causas de la epidemia tóxica. El viraje-sorpresa conclusivo de Richard Doll fue de facto dado a conocer a científicos y abogados, 72 horas antes del inicio de la vista oral del procedimiento judicial, sin posibilidad de contraste científico por otros grupos, en clara ‘desigualdad de armas’. Estas 72 horas incluían un fin de semana laboralmente inhábil. Nunca las muestras protagonistas del ‘contraste’ pudieron ser accedidas por las partes judicial o científicamente disidentes de la ‘Hipótesis Oficial’ (inculpadora de los ‘aceites sospechosos’). Después del Juicio del Síndrome Tóxico, los aceites almacenados en las Oleotecas (el ‘cuerpo del delito’) fueron discretamente destruidos”.

Por otra parte, el proceso separado (llevado a cabo siete años después) y denominado “de los cargos de la Administración” concluía mediante la sentencia del 24 de mayo de 1996. Recurrida ésta en casación, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó la sentencia de 26 de septiembre de 1997 (RJ 6366; ponente, García Ancos), aclarándola mediante el Auto de 3 de octubre de 1997.

En este proceso fueron juzgados meros funcionarios (pese a que también habían sido encausados altos cargos de la Administración Pública) y sólo dos de ellos fueron condenados de forma directa (como autores de un delito de imprudencia temeraria), lo que llevaba consigo la condena del Estado como responsable civil subsidiario. Los dos funcionarios ―el director del Laboratorio Central de Aduanas y el jefe de la sección de Importación de los Productos Agrícolas y Transformados― fueron condenados a seis meses y un día de prisión, por lo que no llegaron a ir a la cárcel. Hasta el 2002 el importe total de las indemnizaciones de la sentencia de la colza asciende a 1.621.460.081,90 euros[14].

Las cantidades de las indemnizaciones se han estado pagando hasta aproximadamente el año 2005, 16 años después del juicio de la colza. Según la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Afectados del Síndrome Tóxico y a consecuencia de la ejecución de la sentencia:

  • Aproximadamente al 70% de los afectados incapacitados laboralmente no se les ha reconocido, a efectos indemnizatorios, su grado de incapacidad.
  • A los afectados incapacitados laboralmente cuya prestación era a cargo del presupuesto del Síndrome Tóxico, se les ha deducido de la indemnización la cuantía percibida por este concepto.
  • Se ha deducido de la indemnización prestaciones y ayudas percibidas, por lo que el Estado se ha reembolsado por este concepto, a 31 octubre 2004, 224.243.512,91 €, y una vez cobrada la indemnización estas prestaciones se extinguen.

La ejecución de la sentencia marca un antes y un después en el sistema de protección para este colectivo de victimas, las cantidades de las prestaciones deducibles de la indemnización y la extinción de las mismas, la variación de criterios para acceder a prestaciones vigentes, (estos nuevos criterios fueron recurridos ante los Tribunales obligando las sentencias favorables a los afectados, a dejar sin efecto estos criterios) han dado como resultado la extinción de parte del sistema de protección, quedando solamente:

  • Farmacia gratuita
  • Ayuda domiciliaria
  • Ayuda Económica Familiar Complementaria (cuyo fin es garantizar unos ingresos mínimos a las unidades familiares).

Por último, cabe decir que por las numerosas víctimas que no han sido reconocidas oficialmente, existen cientos de recursos de casación presentados por sus respectivos abogados con el fin de reclamarlo. Sin embargo, pese a estar reconocidas médicamente como víctimas del síndrome tóxico, jurídicamente se pedía otro examen médico que lamentablemente concluía que la víctima no estaba afectada por síndrome tóxico, que la causa de la muerte no guardaba relación con éste o que simplemente sufría una invalidez de un porcentaje muy inferior al reconocido por los hospitales.

[1] JIMÉNEZ A., Emilio (2003), La ejecución de la sentencia de la colza I, Barcelona: InDret.

[2] Ibidem.

[3] EL CORREO DEL SOL, Revista Integral, edición de ocubre de 1989, Síndrome Tóxico: una sentencia reveladora, por Lluís Botinas.

[4] GARRIDO, I., 2011, Comentarios sobre la regulación de la igualdad procesal en la Constitución española, Justicia y Derecho, número 6. Acceso web: http://www.justiciayderecho.org/revista6/articulos/IGUALDAD%20PROCESAL%20-%20M%20Isabel%20Garrido.pdf

[5] RAMOS, F., 2011, Enjuiciamiento criminal. Décima lectura constitucional, Barcelona: Atelier Libros.

[6] ABC, edición del 12 de febrero de 1991. Acceso web: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1991/02/12/124.html

[7] ABC, edición del 3 de abril de 1992. Acceso web: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1992/04/03/122.html

[8] ElSemanalDigital.com, edición del 3 de diciembre de 2008. Acceso web: http://www.elsemanaldigital.com/crece-el-rumor-sobre-la-relacion-de-carmen-romero-con-un-ex-felipista-90379.htm

[9] Entrada en la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_la_Quadra-Salcedo

[10] Ver cargos en perfil de Linkedin: http://es.linkedin.com/pub/mar%C3%ADa-del-pilar-fern%C3%A1ndez-rodr%C3%ADguez/61/359/277

[11] LIBERTAD DIGITAL, edición del 30 de enero de 2013. Acceso web: http://www.libertaddigital.com/espana/2013-01-30/huelga-de-basuras-derechos-laborales-o-estrategia-izquierdista-contra-el-pp-1276480796/

[12] EL PAÍS, edición del 18 de abril de 2000. Acceso web: http://elpais.com/diario/2000/04/18/sociedad/956008803_850215.html

[13] Comunicación personal con el doctor Martínez Ruiz. Consultar en el listado de anexos de la página 101.

[14] JIMÉNEZ A., Emilio (2003), La ejecución de la sentencia de la colza II, Barcelona: InDret.